¿Y si intentamos un acuerdo en torno a la legalidad?
Por Jaime Restrepo Vásquez
Ya está en plena vigencia el nuevo Código de Policía y existe
una gran expectativa en torno a los logros que se obtendrán con su aplicación. Algunos
creen que mejorará la convivencia, pues los vecinos ruidosos, así como aquellos
que botan basura por doquier, deberán sentir el dolor de chequera al sacar una
platica para pagar las multas.
Sin embargo, hay señales que indican que el problema es
más complejo que la simple aplicación de una norma. Tal es el caso de la
ocupación indebida del espacio público, situación que es rechazada por muchos,
pero también es aplaudida por otros. De hecho, en diversas oportunidades,
cuando la Policía realiza el desalojo de vendedores ambulantes, aparecen grupos
de ciudadanos que tachan a las autoridades de arbitrarias y ejercen presión
para que desistan del operativo. Cualquier acción contra un comerciante
informal es vista por esos ciudadanos como un abuso de autoridad que debe ser
denunciado por cuanto medio tienen a su alcance.
Esos mismos ciudadanos guardan silencio cuando se aborda
el tema de la legalidad de lo que defienden. Es más: aquellos que pretenden la
permisividad frente a la ocupación del espacio público, pierden toda autoridad
moral para exigir la persecución implacable de otros fenómenos ilegales e
ilegítimos, pues un aspecto básico del ejercicio de la ciudadanía es aceptar
que debemos cumplir y defender todas las leyes. Es de Perogrullo, pero acatar
solo aquellas normas que nos gustan o nos favorecen, desobedeciendo las normas
que nos parecen perjudiciales o que afectan nuestra visión emocional de las
vicisitudes ajenas, termina profundizando el caos del que queremos huir a
rajatabla.
Hay un problema cultural de fondo y es que los
colombianos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en unos mínimos
principios y valores que permitan la convivencia. Una sociedad se construye a
partir de un pacto en el que todos estamos de acuerdo con esos mínimos principios,
los cuales tienen un eje fundamental que es el apego a la ley visto desde la
legalidad y desde la legitimidad. Y ese ya es un asunto de discordia en nuestra
sociedad, pues una de las características de lo que muchos denominan la
«colombianidad» es la renuencia a acatar la ley.
Que uno o varios ciudadanos salgan a cuestionar a las
autoridades que están haciendo su trabajo y cumpliendo la ley, defendiendo y
justificando al mismo tiempo a quien desacata las normas, es un síntoma de un
enorme desacuerdo como nación y como sociedad.
Por todo lo anterior, el Código de Policía no solo debería verse como
una norma para perseguir borrachos en la calle, sino como una oportunidad para
que, como sociedad, todos acordemos cumplir con esas mínimas normas de
comportamiento y cotidianidad, acogiendo el nuevo Código de Policía como el
primer acuerdo común sobre principios nacionales.
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